22 de julio de 2010

Se acabó. Ya hay por fin Ley de Modificación de la Ley de Puertos de 2003.

Ayer, el Pleno del Congreso debatió la enmienda relativa a los consejos de administración de las autoridades portuarias introducida en el Senado, que estaba previsto que a última hora de la tarde recibiera en la votación el apoyo de la práctica totalidad de los grupos parlamentarios, pues así lo expusieron los portavoces en el debate.
De esta forma, el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General culmina su tramitación parlamentaria y desde ayer pasa directamente a la Jefatura de Estado para su sanción e inmediata publicación como Ley en el BOE.
La entrada en vigor de la Ley, tal y como se recoge en la disposición final séptima, se producirá en términos generales a los veinte días de la referida publicación.
Eso sí, en el caso concreto de los preceptos relativos a la modificación del título primero de la Ley 48/2003, relativo al régimen económico, no entrarán en vigor hasta 2011, coincidiendo con la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Culminó ayer así un largo periodo de seis años de trabajos para la reforma legislativa portuaria, que comenzaron en 2004 con la elección de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno y la designación de Fernando Palao y Mariano Navas como secretario general de Transportes y presidente de Puertos del Estado, respectivamente.

Primera intención
La primera intención de ambos fue reformar de manera inmediata la Ley 48/2003, aprobada durante el último gobierno de José María Aznar, mediante la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado.
No obstante, José Luis Rodríguez Zapatero decidió suprimir este recurso legislativo y Fomento se vio obligado a emprender un proceso legislativo propio con el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Puertos de 2003.
Dicha propuesta fue llevada al Consejo de Ministros por la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, el 24 de febrero de 2006, para ser remitida a continuación al Congreso.
Allí, el PSOE fue incapaz de ni siquiera cerrar el plazo de enmiendas, muriendo el Proyecto de Ley a la par que la legislatura, a comienzos de 2008. Ni los partidos nacionalistas, por sus exigencias autonomistas, ni el PP, por su oposición frontal a la labor del partido en el Gobierno, quisieron apoyar un proyecto que tampoco contaba con el respaldo del sector.
José Luis Rodríguez Zapatero fue reelegido como presidente en las elecciones generales de ese año y todo el equipo de Fomento, con Magdalena Álvarez a la cabeza, fue confirmado en el cargo.
Automáticamente, OPPE inició la tarea de elaborar un nuevo Proyecto de Ley, con un espíritu muy similar al anterior y que fue remitido al Congreso de los Diputados por el Consejo de Ministros el 27 de marzo de 2009. Hay que destacar que no se resolvían las discrepancias con el sector en torno al modelo de estiba y, además, surgía un nuevo foco de disensión con la supresión de las bonificaciones en las tasas a diversos tráficos, por lo que su acogida en el Congreso fue de nuevo fría.
Ahora bien, dos semanas después de su presentación, Zapatero nombró como nuevo ministro de Fomento a José Blanco, quien cesó a los responsables hasta ese momento de la política portuaria, lo que supuso el punto de inflexión para sacar la Ley adelante.

Pacto
Con Fernando González Laxe como nuevo presidente de Puertos del Estado, Fomento apostó por llegar a un pacto PSOE-PP que permitiera sacar adelante la ley sin importar cuánto hubiera que transformar de la misma. Así, el 8 de octubre de 2009 ambos grupos parlamentarios sellaron un acuerdo de principios y en diciembre convocaron a todo el sector para comparecer en el Congreso y exponer su visión de la ley y sus necesidades.
El resultado fue la presentación de un paquete conjunto de más de 400 enmiendas parciales el pasado 4 de marzo que constituyeron en la práctica un tercer proyecto de ley y que han sido el núcleo, tras intensas negociaciones con los agentes sectoriales, principalmente con los sindicatos, del texto legislativo definitivo que ayer vio por fin la luz.

‹ del rosa al amarillo
El ejemplo más adecuado para evidenciar lo que han supuesto estos seis años de reforma legislativa lo encontramos en el modelo de estiba. El primer proyecto de ley de modificación proponía reinstaurar el modelo de las sociedades de estiba, con mayoría en el capital de las autoridades portuarias, y la supresión de las APIEs privadas, consagradas por la Ley 48/2003.
El segundo proyecto de ley de modificación apostaba por un modelo mixto, que permitía la coexistencia de APIEs y Sociedades, con fórmulas para la transformación de unas en otras y viceversa. Por último, la Ley aprobada ayer vuelve a los inicios y se reafirma en el modelo de APIEs de la Ley 48/2003, que finalmente llevarán ahora la denominación de SATEs.

Mujeres en la tribuna de oradores
El último capítulo de la tramitación del Proyecto de Ley de Puertos tuvo ayer como protagonistas a dos diputadas, Gloria Rivero, del Partido Socialista, y Pilar Ramallo, del Partido Popular.
Ambas han trabajado duramente en los últimos meses para sacar adelante el proyecto legislativo a la sombra de Rafael Simancas, portavoz socialista en la Comisión de Fomento, y Andrés Ayala, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, respectivamente.
Por eso ayer tuvo una especial significación que, en vez de tomar la palabra en este último acto Simancas y Ayala, subieran a la tribuna de oradores las diputadas Rivero y Ramallo para defender la enmienda aprobada por unanimidad en el Senado y hacer una valoración de conjunto de la trascendencia del proyecto de ley.
La socialista Gloria Rivero insistió en el mensaje que expuso el ministro durante el debate de totalidad: “Gracias al amplio consenso alcanzado, esta ley no tendrá más apellidos que el del consenso y el del interés general”.
Por su parte, la popular Pilar Ramallo destacó que “el sentido de Estado se ha impuesto”, que el PP ha hecho “un esfuerzo de lealtad” y que la ley permite “puertos con mayor autonomía de gestión”.
Respondía así Ramallo a las duras críticas que sobre la ley se volvieron a escuchar en el hemiciclo en boca de diputados como Joan Herrera de IpC, para quien “esta ley es una pésima noticia: el modelo portuario va a ser peor”; o Pere Macías, portavoz de CiU, quien denunció que la ley representa un grave “recorte de competencias” que CiU se esforzará en “dar la vuelta”.

Autor del texto Miguel Jiménez